Consejeras y consejeros, además de todos los temas de la agenda nacional: la crisis de violencia e inseguridad, nuestro papel en las elecciones del 5 de julio y el impacto de las resoluciones que está teniendo el IFE, el Tribunal, la Ley de Medios, en nuestro partido hay un tema principalísimo que es la crisis económica mundial y sus efectos en nuestro país.
Este año 2009 comenzó con el enorme reto de enfrentar una crisis económica de grandes dimensiones, una crisis estructural que abarca a todo el sistema capitalista y con consecuencias que se extienden a escala global.
Desde el 2006 Estados Unidos entró en un proceso de desaceleración económica, que para 2007 se había convertido ya en una recesión sin precedentes y se declaró como tal hasta el 2008 por George Bush, al verse en la necesidad de solicitar 7.8 billones de dólares para rescatar su sistema financiero, inmobiliario y automotriz.
Sin embargo, a pesar del billonario rescate las tendencias de la economía estadounidense continúan a la baja. La de los Estados Unidos es una economía basada en el consumo, sin ahorros propios, que durante décadas estuvo promoviendo créditos desregulados con los ahorros y los capitales de otros países, entre ellos el nuestro, lo cual generó una cuenta corriente globalizada y con un déficit de casi ocho billones de dólares.
La crisis afectó a todo el sistema capitalista y sus efectos sobre la economía mexicana son dramáticos por ser la nuestra una economía extremadamente dependiente de Estados Unidos y la incapacidad de los gobiernos de aplicar modelos económicos alternativos al neoliberal.
El PRD debe ser capaz de presentar un rumbo claro para salir de la crisis: qué hacer ante la caída de nuestras exportaciones, qué hacer ante la pérdida masiva de empleos, qué hacer ante la caída del consumo interno que se deriva de la inflación que ya rebasó el 7 por ciento, de la devaluación del peso que ya alcanzó 14.25 pesos por dólar y la pérdida del poder adquisitivo de los raquíticos salarios que percibe la mayoría de la clase trabajadora del país.
La devaluación del peso no sólo paró la inversión, sino que disparó el endeudamiento de las empresas que contrataron sus créditos en dólares por un monto superior a 80 mil millones de dólares, empresas que apostaron en el mercado de derivados y le dieron vuelo a la especulación.
El gobierno federal en lugar de obligar a estas empresas a hacer frente a sus compromisos, propiciaron un enriquecimiento y una especulación mayor. Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, tomó 30 mil millones de dólares de las reservas internacionales y se las entregó a esas empresas. Y Calderón creó dos líneas de crédito por 90 mil millones de pesos, siete mil millones de dólares, para rescatar a este selecto grupo de diez empresas entre las que están Comercial Mexicana, Wal-Mart, Cemex, ICA, entre otras, las mismas que financiaron la campaña de Felipe Calderón en 2006.
Así las grandes empresas están aprovechando la crisis para aumentar sus ganancias y el gobierno federal toma como pretexto la crisis para hacer ganar a un grupito de empresarios calderonistas. A las pequeñas y medianas empresas sólo se les ofrecen créditos, pero nunca rescates o apoyos directos.
También los fondos de pensiones fueron sometidos a especulación por las administradoras privadas, con una pérdida para los trabajadores de 53 mil millones de pesos y se estima que las pérdidas llegaran a 200 mil millones de pesos, no sólo porque la inflación y la devaluación causan estragos negativos sobre las Afores, sino sobre todo por estar manejadas por empresas privadas que sólo buscan su máxima ganancia.
La estrategia del gobierno mexicano siempre es esperar a que Estados Unidos se recupere y vuelva a crecer, pero ahora la crisis también está impactando en la tasa de migrantes mexicanos hacia ese país. Cada año salían 500 mil compatriotas a buscar trabajo en aquel país, ahora ya no podrán hacerlo dado el desempleo generado también allá, lo cual presionará aún más las cifras de desempleo en México.
Antes las carteras vencidas que tan sólo en tarjetas de crédito rebasan ya el 10 por ciento y la cartera vencida hipotecaria que creció como espuma, el gobierno de Calderón está por entregar tres mil millones de dólares como apoyo a las inmobiliarias privilegiadas. Sin embargo, en vez de reconocer la dimensión y la profundidad del problema, Felipe Calderón nos receta un acuerdo electorero con profundas limitaciones, un plan de coyuntura que no sirve para sortear la crisis estructural del modelo. Dicho acuerdo no ofrece alternativas reales para recuperar el crecimiento económico, menos aún para sortear el desafío del desempleo.
Mantiene inalterable la política fiscal restrictiva cuando más se necesita de reactivar la demanda. Congeló el precio de las gasolinas después de 37 aumentos consecutivos, que dejaron precios muy elevados por encima de los precios de los combustibles en Estados Unidos. La gasolina Premium en México cuesta ahora 9.54 pesos por litro, mientras que en Estados Unidos es de 7.20 pesos. La Magna cuesta aquí 7.64 pesos por litro, mientras que Estados Unidos es de 6.18 pesos. El diesel no fue incluido en el acuerdo, su precio sigue subiendo cada ocho días, a pesar de la huelga de los pescadores y los efectos que esos precios tienen sobre la inflación.
En materia de empleo no dice cómo se detendrá el fenómeno, menos aún cómo se va a resarcir la pérdida de casi 500 mil empleos, 255 mil empleos formales y 131 mil eventuales, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo en el último bimestre.
Su plan de inversión es absolutamente insuficiente, significa apenas el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando se necesita por lo menos el 24 por ciento del producto en inversión para poder crecer al 5 por ciento y generar al menos un millón de empleos anuales.
No habla de la obligación de los bancos de brindar financiamiento a las actividades productivas que apuntalen el crecimiento del país, sino que siguen con la especulación y los grandes negocios.
El acuerdo calderonista sólo atiende a los intereses de las grandes empresas que generan una proporción menor de empleos; en cambio a las pequeñas y medianas empresas que representan el 80 por ciento del empleo en el país sólo les asigna cinco mil millones en créditos.
Reduce las tarifas eléctricas en un 10 por ciento, pero sólo para las de consumo industrial que implica un costo fiscal de 30 mil millones de pesos y no plantea nada para las tarifas eléctricas de consumo doméstico en los sectores populares.
Plantea que se aceleren las compras del gobierno y los pagos a las empresas, pero eso no mitiga el desempleo ni visualiza la dimensión del problema, porque las empresas ligadas al sector público son unas cuantas y la inmensa mayoría está al margen de esos privilegios y relaciones con la administración pública.
Extender la vigencia de los derechos médicos del IMSS durante seis o nueve meses para quienes pierdan su empleo formal, es una acción zedillista que no ataca el problema de falta de trabajos.
En suma, el plan calderonista no sirve, es un conjunto de acciones aisladas, no tiene como base el crecimiento económico, no ataca el desempleo como una cuestión fundamental, apunta sólo al corto plazo, no visualiza la crisis estructural del sistema, mantiene una política fiscal restrictiva y una política monetaria inflacionaria y genera ganancias para un puñado de empresas ligadas a Calderón desde la campaña.
La suma de los montos de inversión no alcanzan a generar ni empleos, ni crecimiento, carece de un análisis del sector externo y de una prospectiva de largo plazo, mantiene en un bajísimo nivel a los salarios mínimos y por ello proponer a los trabajadores que trabajen menos para que se les pague menos no es una medida que pueda adoptar la izquierda, dado que más de la mitad de la población gana apenas dos salarios mínimos al mes y el desempleo ya alcanza la cifra de 13 millones de personas sin trabajo.
Por estas y otras muchas razones, nos sorprende que haya voces en la izquierda que avalen el llamado acuerdo anticíclico, que ni detiene los ciclos de la crisis ni tampoco es un acuerdo. Avalar un plan de corte neoliberal en concordancia con el neoliberalismo no es el papel de la verdadera oposición de izquierda.
El PRD debe proponer que se aumenten los salarios mínimos un 12 por ciento y en cada año queden por encima de la inflación, que se deroguen varios impuestos a la clase trabajadora, que baje el precio de las gasolinas, el gas doméstico, el diesel y la electricidad y no sólo se congele su alto e inflacionario precio.
Proponer toda una estrategia para evitar las pérdidas y las pensiones de las y los trabajadores. Un fuerte impulso al campo hasta que produzca alimentos suficientes para el consumo nacional y sea capaz de apuntalar la exportación.
Plantear todo un plan de incremento de la inversión pública hasta el 25 por ciento del Producto Interno Bruto que genere infraestructura, servicios y por lo tanto genere empleos y detone la inversión privada.
Extender sí la política social, pero como programas universales y no como paliativos de seis o nueve meses. Obligar al gobierno federal a que reduzca su gasto suntuario hasta en 200 mil millones de pesos para que se canalicen al Programa de Inversión Productiva, única fuente segura de empleos.
Ahora que Calderón sin ideas claras sobre la agenda temática con Barack Obama y se planteó revisar los acuerdos complementarios en materia ambiental y laboral, el PRD debe de insistir en su demanda de muchos años de revisar el Tratado de Libre Comercio en su conjunto, pero en lo que hace al acuerdo laboral nunca se ha abordado con suficiencia por nadie.
Cabe recordar que dicho apartado surgió para fortalecer a los sindicatos de la potencia vecina, mediante la afiliación de inmigrantes a sus organizaciones gremiales, brindando mayores salarios por hora a quienes se incorporaran a los sindicatos estadounidenses.
Debe ser el PRD el gran impulsor de un gran acuerdo trinacional, donde los trabajadores propongan a sus respectivos gobiernos las modificaciones del apartado laboral del Trabado de Libre Comercio y cómo pueden superarse el desempleo, las pensiones y otros asuntos relacionados con el tema laboral.
Como uno de los temas fundamentales de la agenda nacional abordar también el análisis, entre otros temas, como el de inseguridad y violencia, el comercio y la migración, que se apuntaron en la agenda próxima entre México y Estados Unidos.
El PRD debe ir a la vanguardia en estos temas con visiones consensadas, con proyectos alternativos que planteen soluciones de fondo a los graves problemas por los que atraviesa el país. Muchas gracias.
